Esta nueva norma, en forma de Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre, que pretende hacer frente a la demanda de la sociedad para que se afronten medidas que luchen contra la pobreza energética, incluye en la definición de consumidor vulnerable a las personas que cumplan al menos, uno de los siguientes requisitos: estar en posesión del título de familia numerosa, una carencia de renta, o  ser pensionista del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente. 

 

Tal y como queda reflejado en el informe elaborado por el CERMI, en el caso de las personas con discapacidad, el apartado 3 del artículo 3 de la norma recoge, a demanda del CERMI, que negoció con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, una disposición que mejora la posición de las personas con discapacidad.

 

En concreto, la norma establece un incremento de los multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 pagas. Este incremento será en cada caso del 0,5 siempre que concurra, entre otras, la circunstancia de que bien el consumidor, o bien alguno de los miembros de la unidad familiar, tenga discapacidad reconocida igual o superior al 33%.